La Asamblea de Estudiantes Contra Bolonia de Madrid y la Coordinadora Andaluza de Estudiantes [CAE] manifiestan su sorpresa y rechazo ante la Declaración del 4 de Diciembre del Consejo de Universidades [pdf], donde se pretende dar a conocer Bolonia como lo contrario de lo que realmente es, lo que el cuerpo legal real de la reforma ratifica, jugando a la desinformación y confusión de la ciudadanía. Aprovecha también para expresar su más profunda repulsa ante las declaraciones realizadas por el rector de la Universidad de Salamanca, quien afirmó que el movimiento estaba formado por partidarios del aborto, ocupas y por “cualquiera que tiene un problema”.
La declaración afirma que la reunión del consejo tuvo lugar con el fin de analizar “el desarrollo de la implantación del EEES”. CAE y la Asamblea de Estudiantes Contra Bolonia de Madrid consideran especialmente significativo que en la citada declaración no se aborde lo relacionado con aquello, y sea dedicada a defender el Proceso de Bolonia con argumentos ya rebatidos en multitud de ocasiones, y a criticar con falsedades al movimiento estudiantil. Por eso consideran una conquista la relevancia que las protestas comienzan a tomar para las autoridades responsables de la implantación del Plan.
En la declaración se asegura que el EEES busca “un firme compromiso con la autonomía universitaria, la libertad académica, la igualdad de oportunidades y los principios democráticos; refuerza la Universidad como servicio público y promueve la universalización de la Educación Superior”. Los estudiantes, sin embargo, aseguran que, pese a los buenos propósitos que dicen estar impulsando, el cuerpo legal real que aplica la reforma (LOU, Reales Decretos), va en la dirección contraria, es decir, que consolida la pérdida efectiva de la autonomía universitaria, la desaparición en la práctica de la libertad docente, el elitismo y segregación económica en el acceso a la educación, la ausencia total de procedimientos democráticos, y la pérdida, al fin, de la educación como servicio público. Aseguran que en la declaración se omiten cuestiones como la empleabilidad, el trasvase de conocimientos al sector privado, la eliminación práctica de filologías, o la reducción de estudios de ciencia básica y de todas las carreras de perfil más teórico, en general. Sirva de ejemplo en cuanto a los objetivos perseguidos por el gobierno el traspaso de la Secretaría de Estado de Universidades desde el desaparecido Ministerio de Educación y Ciencia hacia el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Por otra parte, los estudiantes afirman que ni el discurso institucional ni los panfletos que se emitan serán válidos cuando la legislación vigente que se aprueba indica todo lo contrario de lo que dicen estar promoviendo; que es imposible borrar de sus memorias la información que ya han conquistado, o hacerles olvidar que también ellos pueden leer el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La declaración asegura que el proceso potenciará “un papel más activo de los estudiantes en el control, planificación y seguimiento de su propio proceso de aprendizaje”. Ante esto, los estudiantes se preguntan cómo podrán tener mayor poder de decisión sobre sus estudios cuando el plan implica una reducción drástica de la democracia en la universidad y participación de los estudiantes, la reducción de clases magistrales, la implantación de un modelo de créditos (ECTS) que impiden compaginar estudio y trabajo, o el desplazamiento de los contenidos educativos (de la educación y la cultura, por tanto), a favor de las habilidades y competencias, que no responde más que a los intereses empresariales.
La declaración manifiesta la pretensión de las autoridades de avanzar “en el establecimiento de las condiciones apropiadas para que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos ni limitaciones de origen social y económico”, así como de continuar impulsando “la política de Becas y Ayudas al estudio para favorecer la movilidad dentro del Espacio Europeo de Educación Superior”. Mientras tanto las tasas se siguen incrementando por encima del IPC (hasta un 4% por encima de dicho índice), los préstamos renta (becas préstamo) endurecen sus condiciones de devolución[2], los másteres tienen precios de mucho más del doble que el curso de licenciatura, y en comunidades como Madrid posgrados públicos cuestan 3.500 €[3].
Asimismo, la declaración llama a los estudiantes a reconocer el trabajo y contribución de “todas las comunidades universitarias, estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios [que] están trabajando intensamente en la preparación de un número muy significativo de solicitudes”, pues es esta“una tarea compleja que requiere una importante dedicación y en la que están participando muchos universitarios y universitarias”. Los estudiantes movilizados contra el proceso afirman que son también parte de los organismos universitarios (comisiones académicas, Juntas de facultad, departamentos, claustros, consejos de gobierno en los cuales al estudiantado en general no le es posible tener más que una ridícula representación. Consideran que también los docentes se ven forzados a aprobar planes de estudios en los que nadie cree, presionados por un marco legal mercantilizado para el que no se ha contado con ellos, aplicado, además, a una velocidad vertiginosa. Los estudiantes posicionados contra el plan, en el seno de los citados órganos, se han opuesto a cada una de las medidas que sometían la universidad y el conocimiento al mundo empresarial, que desnaturalizaban los contenidos de las carreras, bajaban el nivel de los estudios, o que limitaban el acceso universal a la educación superior. Los procesos llevados a cabo no tienen en verdadera cuenta la opinión de estudiantes y profesores. Por ello, los estudiantes movilizados consideran que la construcción de la democracia participativa en que comienzan a organizarse era inevitable.
El Movimiento No a Bolonia considera inadmisibles las soterradas críticas dirigidas hacia los y las estudiantes que defienden un sistema educativo público por parte de las instituciones. Sostiene que son ellas las verdaderas “anti-sistema”, ya que pretenden demolerlo. Los estudiantes afirman que trabajan para que se detenga la implantación del plan, en aras de que exista un debate social amplio sobre el mismo, especialmente en el ámbito universitario, un debate en el que los argumentos cuenten, y desde el que construir la educación superior que se pretende, que no puede estar en consonancia con una reforma realizada a espaldas de la ciudadanía, participando en ella los sectores más interesados en convertir a los estudiantes en un cuerpo laboral precario al servicio de la producción, subordinando la educación y el conocimiento a la misma. Por ello, los estudiantes sostienen que los responsables de llevar a cabo el proceso han perdido toda la legitimidad, toda la confianza, de la comunidad universitaria, y tendrán que hacer más que acusar a los estudiantes de violencia, confundiendo la fuerza de la razón, de la información, con la fuerza bruta, evidenciando lo que para algunos significa la violencia: ser descubiertos mintiendo.
La Asamblea de Estudiantes Contra Bolonia de Madrid y CAE aprovechan para expresar su más profunda repulsa ante las declaraciones realizadas con motivo de dicho encuentro por el rector de la Universidad de Salamanca, D. José Ramón Alonso Peña, quien afirmó que el Movimiento No a Bolonia estaba formado por partidarios del aborto, ocupas y por “cualquiera que tiene un problema”. Queda demostrado que el movimiento no lo integran sino estudiantes formados e informados, plenamente conscientes de las consecuencias reales del plan, que harán frente a una campaña de desinformación orquestada para crear confusión y conducir a errores a una ciudadanía a la que se lleva intentando ocultar la aplicación del proceso desde sus inicios.
"Se ha puesto en marcha una campaña de desinformación masiva. Se ha puesto en marcha una campaña de desprestigio.
Cuando el Proceso de Bolonia es la mayor amenaza jamás hecha a nuestro sistema educativo, empieza a ser una obligación actuar en consecuencia."
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